Una cosecha corta, apenas excedentes, más ventas en España y, sobre todo, en el exterior. Ése fue el diagnóstico que hizo ayer la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, sobre el sector vitivinícola español en su visita a Logroño para inaugurar el nuevo paseo fluvial del Ebro y el Parque Municipal de Jardinería.
Apenas unos días después de la multitudinaria manifestación de viticultores en Logroño en defensa de «unos precios dignos para la uva y el vino», la ministra quiso dejar claro que «no es necesario ningún tipo de intervención» en el mercado del vino y sugirió que es en Rioja únicamente donde en la actualidad hay problemas de este tipo: «De momento, no tenemos ninguna otra situación como la que describe en España -señaló en respuesta a preguntas de los periodistas-, ni tampoco estamos en condiciones para que pueda producirse». «Vamos a tener menor cosecha, no tenemos prácticamente excedentes, estamos vendiendo más en España y estamos exportando muchísimo más, con lo que creo que las condiciones son para que funcione con normalidad el mercado y no tenga que activarse ningún tipo de intervención».
La ministra considera, en cualquier caso, que los problemas de precios deben resolverse en la Interprofesional del vino de Rioja: «Las Interprofesionales -señaló- se crearon para que exista un entendimiento entre los viticultores, los elaboradores, la distribución e incluso el consumidor, de forma que se puedan activar cualquier tipo de medidas o acuerdos determinados para que todo funcione correctamente». «Es la Interprofesional -añadió- la que debe firmar contratos homologados y llegar a acuerdos desde calidades en las entregas, plazos y precios individuales».
Sin precios mínimos
La titular de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino eludió asimismo cualquier tipo de intervención ante la Comisión Nacional de la Competencia para exceptuar a los productos agrarios, como han reclamado varias organizaciones de productores a nivel nacional, a la hora de pactar precios mínimos: «Nadie puede obligar a comprar por debajo de costes de producción a nadie y cualquiera que demuestre que se le está obligando a vender por debajo de coste puede sentirse respaldado por nuestra normativa», señaló.
«Otra cosa -agregó- es lo que están pidiendo algunas organizaciones, que reclaman que se fije un precio mínimo por debajo del cual no se podría comprar o vender, pero eso es absolutamente ilegal porque el precio mínimo depende de los costes y estos no tienen nada que ver en esta comunidad autónoma respecto a Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León, por ejemplo».
Elena Espinosa insistió en que «se pueden acordar precios individualmente y se pueden denunciar prácticas ilegales si alguien obliga a comprar o vender por debajo de coste, pero no se permite fijar precios mínimos porque no coincidiría con la realidad que tenemos en España ni en la propia Unión Europea».
Ley de Calidad
La última producción normativa del Ministerio ha provocado, y así se hará público el próximo viernes tras la reunión del pleno del Consejo Regulador, un fuerte rechazo en el sector riojano. Se trata del anteproyecto de la Ley de Calidad Agroalimentaria que, tal y como publicó este diario, pretende derogar numerosa legislación básica (de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas) de la Ley del Vino, entre ella el artículo que regula los tiempos mínimos y las condiciones para poder indicar las menciones ‘crianza’, ‘reserva’ o ‘gran reserva’ en las etiquetas.
La ministra quiso dejar claro que no hay nada cerrado y que habrá tiempo suficiente para negociar con todos los afectados: «Es un primer borrador de una ley, que únicamente ha pasado por Consejo de Ministros, pero queremos que sea consensuada en todos sus aspectos y desde luego tendremos tiempo para hablarla, negociarla y discutirla».
Espinosa insistió en que «no queremos equivocarnos y tenemos todo el tiempo del mundo hasta su aprobación definitiva». En este sentido, la titular de Medio Ambiente y Medio Rural recordó que ayer mismo se citó en Madrid a todos los consejeros reguladores para presentarles la nueva normativa, entre ellos el de Rioja, que, además de con la supresión del artículo de la Ley del Vino que regulaba los tiempos de crianza de los vinos, se ha encontrado con que su petición para ser convertida en corporación de derecho público tiene ‘letra pequeña’.
Así, al menos en esta primera propuesta ministerial, el Consejo perdería las competencias de control e inspección, que el anteproyecto asigna a la Agencia Española del Aceite de Oliva en el caso de las denominaciones de origen que superan el ámbito de una única autonomía.