El gobierno aprueba un proyecto de ley que regula la gestión de desperdicios en hostelería y supermercados

El proyecto de ley, que prevé sanciones entre 2000 y 60.000 euros, debe ser tramitado en las Cortes y el Senado.

Redacción

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El Consejo de Ministros celebrado el martes aprobó el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, antes de remitirlo a las Cortes y someterlo a la tramitación parlamentaria. La ley se propone cumplir con la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos marcada por la Agenda 2030 de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que la tercera parte de los alimentos se pierden en algún eslabón de la cadena alimentaria. España sería, después de Francia e Italia, el tercer país de la Unión Europea que aprueba una norma de gestión de desperdicios.

 

La ley obligará a bares, restaurantes y comercios de alimentación a definir un plan de prevención que defina el destino que va a dar a los alimentos no utilizados o vendidos, que supondrán una nueva carga para el sector de hostelería y penalizará a los pequeños negocios. Esos planes de prevención deben jerarquizar el uso que se da a los alimentos antes de llegar al vertedero. La prioridad es el aprovechamiento para el consumo humano.

 

Bares y restaurantes estarán obligados a ofrecer a los clientes las sobras de sus comidas de forma gratuita. También se propone incentivar la reutilización de las sobras, transformándolas en nuevas elaboraciones: zumos, mermeladas, caldos… Tiendas de alimentación y supermercados deberán incentivar la venta de productos con fecha de caducidad próxima, marcándolos con precios inferiores a los que se ofrecían en óptimas condiciones.

 

Dentro de estas medidas está la donación a entidades como los bancos de alimentos. El proyecto de ley obliga a las empresas a suscribir convenios con las organizaciones receptoras, en los que se especifiquen las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte, además de mostrar la trazabilidad de los productos donados, indicando el origen de cada alimento. Los últimos escalones del trayecto que deben seguir los alimentos serán la alimentación animal, el uso industrial y el reciclado para compost y combustibles. El proyecto de ley contempla sanciones que oscilan entre 2.000 y 60.000 euros. Las empresas tendrán que informar anualmente de cuánto desperdician.

 

La nueva ley no establece medidas o sanciones contra las personas que desperdicien en sus hogares, donde se concentra la mayor parte del derroche alimentario. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el derroche alimenticio en los hogares representa el 61% de los alimentos desaprovechados. El 39% restante corresponde  a servicios de alimentación (26%) y comercio minorista (13%). Según estos datos, España derrocha cada año 73 kilos de comida por hogar. La media mundial es de 77 kilos. Las tres cuartas partes son productos din elaborar, descartados antes de pasar por la cocina.

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